Aprovechando el atentado

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El atentado criminal de la Escuela de Sub-oficiales de la Policía General Santander en el sur de Bogotá, reflejó la fragilidad de los controles y de la inteligencia de las autoridades en la capital de la república, en donde se han perpetrado 28 hechos con explosivos en los últimos 4 años -¡!- (los más sonados: el del barrio La Macarena y el del Centro Comercial Andino, ambos en 2017).

Pero también en el propio episodio de la Escuela pues la camioneta con los explosivos deambuló por varias de las vías internas del lugar sin ningún examen policial. Por eso resultó débil y poco creíble la argumentación que en menos de 24 horas salió precipitadamente a dar el gobierno nacional en una rueda de prensa encabezada por el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, (¿y el presidente?) y el desprestigiado Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, sobre los hechos y autores materiales del atentado terrorista.

Paradójicamente, la confesión y reconocimiento que del hecho criminal hizo la guerrilla del ELN, mediante un comunicado desde La Habana esta semana, sirvió para ocultar las fallas en la investigación y para relevar de sospechas a casi todos los actores del panorama nacional. Cada uno de ellos tiene algo que ocultar o algo que temer. A esa conclusión se llega cuando se estudia el móvil, es decir, aquella figura del Derecho Penal que trata de establecer el motivo que tuvo una persona o un grupo de ellas para cometer una acción.

La politización de gran parte de las marchas del pasado domingo y su respaldo partidista e ideológico en las redes sociales también incrementaron las dudas.

Pero lamentablemente son muchos los que ahora se están aprovechando de este terrible episodio. Veamos:

El ELN, por sus antecedentes -lo vivimos en Barranquilla hace un año- trata de obtener una mayor atención del gobierno frente a los diálogos de paz que adelanta.

Los de la derecha extrema, para derrotar la implementación de los acuerdos con las Farc y al desarrollo de los diálogos con el ELN.

El partido de gobierno, para “enderezar” el rumbo del país retornando al miedo como argumento que facilita volver a la “Seguridad Democrática”, tan exitosa en época electoral.

El propio gobierno que encuentra así una nueva agenda: combatir el terrorismo, tratando de salvar un muy mal comienzo de gestión que le ha restado popularidad.

El Clan del Golfo, en su afán de negociar con el gobierno desde una posición fuerte según la nueva ley de sometimiento de las bandas criminales.

Los nuevos barones del narcotráfico se alivian de los golpes que han sufrido a partir de la exigencia de los EEUU al presidente Duque para que reduzca los cultivos ilícitos en un 50%, teniendo como meta el 2023 (de hecho a estos cultivos y a la minería ilegal se atribuye el exterminio de líderes sociales que en el último año ha cobrado la vida de más de 400 de ellos)

Los paramilitares, que – de acuerdo a declaraciones recientes de Aida Abella en Barranquilla – se están reorganizando en diversas partes del país.

Los militares radicales, por cuidar el presupuesto tan generoso que les corresponde manteniendo en vilo la guerra.

Los de extrema izquierda, para mostrar el poderío militar que aún tienen en su brazo armado.

Los que quieren desviar la atención de los actos de corrupción, encabezados por el más grande y reciente como es el de la multinacional Odebrecht y el Grupo Aval colombiano.

¡Todos están bajo sospecha, si bien no de haber cometido el hecho, sí de comenzar a aprovecharse del mismo…!

Víctor Herrera Michel

@vherreram

Foto: notimerica.com