Electricaribe, de lo que no quieren hablar gobernadores y muchos más

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De Electricaribe se habla y escribe mucho en los medios de comunicación sobre las inversiones que tienen que hacerse para mejorar el servicio aprobadas en el documento CONPES 3933/18,  modificado por el documento CONPES 3966 de julio de 2019 para darle cumplimiento a lo establecido en los artículos 312 y 318  de la Ley 1955 de 2019 (Plan de Desarrollo 2018-2022) de autorizar garantías para invertir recursos por $735.000 millones, dirigidos a programas de recuperación de pérdidas de energía y distribución de energía. Igualmente, de la búsqueda de un nuevo operador que posiblemente se defina en diciembre de este año y entre a operar en 2020.

De lo que no se habla, y nadie quiere hablar es del mal manejo dado por la SSPD a Electricaribe, que la ha llevado a la quiebra por la falta de conocimiento en la administración de este tipo de empresas, lo cual se ha denunciado en varias ocasiones sin ser escuchados por los señores gobernadores, parlamentarios, Comité Intergremial ni, por supuesto, la señora Ministra de Minas y Energía, el presidente Iván Duque y la doctora Natasha Avendaño y su  gerente Interventora Ángela Patricia Rojas.

Todo comenzó el 14 de noviembre de 2016 cuando el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, en una decisión que se ha calificado de errada y amañada, decide “intervenir “ a la empresa Electricaribe y procede a nombrar como gerente liquidador al señor Javier Lastra, persona sin ningún tipo de conocimiento de la empresa, y para suplir dicha deficiencia se nombra como presidente de la empresa en liquidación el ingeniero electrónico Edgardo Sojo. Ambos asumen el manejo de Electricaribe y proceden a efectuar los cambios que consideraron necesarios para la buena marcha de la empresa. Pero en marzo 14 de 2017 deciden cambiar la decisión de noviembre del año anterior, y proceden a dar inicio al proceso liquidatario.

Los funcionarios de la SSPD, que nombraron para manejar Electricaribe, entendieron por “proceso liquidatario”, no recuperarla sino terminarla de quebrar, al igual que lo hicieran en el año 1997, cuando intervinieron a las electrificadoras de la Región Caribe, las saquearon y terminaron con ellas.

En la subasta se presentó un solo operador, Energía de Caracas, y una firma norteamericana quienes ofrecieron US$900 millones, y para no seguir perdiendo dinero, en el año 2000, terminaron vendiéndosela a los españoles por US$500 millones. Ahora  pretenden, sin definir la propiedad de la empresa, vender a un tercero que esté interesado en comprarla.

Ya se programó una subasta y fracasó, no se presentó nadie. Se espera que en diciembre se presente una de las cinco firmas interesadas en participar, entre la que se destaca Celsia ya que hay dos personales que no llenan los requisitos ni tienen el musculo financiero como son la del señor Ríos y William Vélez. Tanto EPM como EEBB, solo lo harán si consiguen quién ponga la plata como lo han manifestado.

Como lo vamos a demostrar en este trabajo, la empresa quebrada, incursa en quiebra técnica al perder el 114.5% de su capital, y con unos activos tangibles e intangibles que no se sabe con certeza si puedan generar ingresos futuros, dada sus condiciones tal como lo manifiesta la firma Pricewaterhouse Coopers Ltda que ejerce la Revisoría Fiscal de la empresa en su informe sobre los estados financieros a diciembre 31 de 2018.

Ante esta realidad, y como se ha dicho en documentos anteriores, en la subasta abierta que se cierra el 12 de diciembre no se presentará oferta alguna. De llegar a presentarse, el dinero ofrecido será ínfimo, aunque insisto que no veo a un inversionista con ganas de invertir $7 billones de pesos (US$2.023 millones) para atender un mercado con bajo nivel de recaudo y pérdidas de energía del 27%, y unos activos deteriorados por los cuales las interrupciones llegan a las 9 horas, y el número de cortes de energía no programados son del 55,23% según el indicador Saifi.

¿Como terminó de quebrarse Electricaribe en manos de la SSPD?

Desde un principio se criticó la decisión de intervenir la empresa, porque los españoles, sus verdaderos propietarios, tenían claro conocimiento que no había forma para salvarla yéndose directamente a la quiebra, para terminar entregándole la empresa al Gobierno sin costo alguno, para no seguir perdiendo ellos dinero.  Ellos no estaban interesados en invertir, así lo dio a conocer a través de los medios de comunicación su presidente. Durante 16 años no invirtieron en la remodelación de las redes,  y no hubo  autoridad en el país que los obligará a hacerlo ¿Dónde estaba la SSPD? Pudo más la arrogancia de José Miguel Mendoza (hoy hace parte del bufete de abogados del ex fiscal Martínez) aliado con el Comité Intergremial del Atlántico, algunos parlamentarios, y gobernadores, de intervenir la empresa, en vez de dejar que se quebraran.

Esto está denunciado ante la PGN y FGN, y a la fecha no se conoce el resultado de la misma, y que nos va a costar a los usuarios la suma de US$1.600 millones de dólares, que es la demanda impetrada por los españoles en la CIADI (arbitramento Banco Mundial).

SITUACIÓN FINACIERA EN MANOS DE LA SSPD

En el año 2016, los estados financieros de Electricaribe arrojaron una pérdida neta de $192.845 millones, que sumada a la pérdida que venía arrastrando la empresa de $741.056 millones, daba una cifra de pérdidas acumuladas a 31 de diciembre de 2016 de $933.901 millones, sobre un capital suscrito y pagado de $2.1 billones, lo que significa que las pérdidas acumuladas representaban el 44.5% del capital pagado y suscrito. Lo anterior indicaba claramente que la empresa iba directo a la quiebra y para poder salir de esa causal tenían que capitalizar la empresa con una suma aproximada de un billón de pesos, unos US$327.8  millones de dólares a la tasa de cambio de 2016 ($3.050.98). Esto tenía que saberlo el señor José Miguel Mendoza y su equipo de trabajo, por tener acceso a toda la información técnica y financiera de las empresas de servicios públicos domiciliarios.

En realidad, ¿cuándo empieza el calvario para los usuarios y para la empresa?

Empieza el 16 de noviembre de 2016, y se ratifica en el tiempo que lleva la SSPD manejando la empresa. En el primer año de manejo las pérdidas registradas en los estados financieros fueron de $519.354 millones, o sea 2,7 veces lo perdido por los españoles en el 2016 ($192.845 millones), subiendo las pérdidas acumuladas a $1,45 billones, que representan el 68.8% del capital suscrito y pagado e indican que de acuerdo al artículo 60.3 de la Ley 142/94, y al artículo 457 del CC, la empresa se encuentra en causal técnica de quiebra y por lo tanto o se capitaliza o se disuelve. Pero la SSPD, los gremios, parlamentarios, gobierno central, no hicieron lo uno ni lo otro, siguieron manejando la empresa durante el 2018, año en que arrojaron pérdidas contables por $459.142 millones, inferior a la del año anterior, pero que sumada a las pérdidas acumuladas da como resultado $1.91 billones, o sea el 90.9% del capital pagado y suscrito. Las leyes citadas dicen claramente que una empresa entra en causal de liquidación cuando  su patrimonio neto está por debajo del 50% de su capital pagado y suscrito.
No tenemos cifras de lo corrido del año 2019, pero de acuerdo a los resultados anteriores se puede proyectar que los estados financieros de este año, arrojaran unas pérdidas cercanas o superiores a los $500.000 millones, para llegar a unas pérdidas acumuladas de $2.41, o sea el 114.8%, del capital pagado y suscrito.

Deberíamos felicitar a los funcionarios de la SSPD, empezando por su directora y gerente interventora, han quebrado la empresa llevándola a la liquidación total al perder todo su capital, pero en Colombia a estos funcionarios, en vez de sancionarlos por sus malos manejos, los premiamos nombrándolos en cargos superiores a los que tienen.

Como no existe PGN ni FGN, terminamos pagando los platos rotos los usuarios del servicio y el resto de los colombianos,  porque nos tocará pagar no solo los  US$1.600 millones, que vale la demanda de los españoles, sino también una sobretasa de $4 pesos por kilovatio, como el $1,2 billones del pasivo pensional y el 1%, adicional que deben pagar las electrificadoras del país, más el aumento de tarifa que tiene autorizada el nuevo operador, si es que llega.

Ante hechos contundentes como estos de la situación financiera real de Electricaribe, me preguntó: ¿cuál es el interés de los parlamentarios, gobernadores e Intergremial del Caribe colombiano de guardar silencio sobre el tema? Porque solo insisten en que el gobierno siga invirtiendo recursos en un saco roto, mediante la figura de préstamo ($735.000 millones), sin incluir los préstamos para compra de energía, que todos sabemos no se pagaran porque la empresa no tiene como pagarlo y defender los artículos que incluyeron en la Ley 1955 de mayo de 2019, como el pago de la sobretasa y el pasivo pensional.

¿En realidad que buscan estos señores?, será la calidad del servicio, que no defendieron durante muchos años a sabiendas que se venía anualmente deteriorando o están interesados en las inversiones que debe aprobar  la junta  que nombraron y que no sabemos cuáles son sus honorarios ni sus funciones, pero que los hicieron firmar un acuerdo de “confidencialidad” lo mismo con  el contrato que firmaron con la FND, cuyos resultados no conocemos y es la base para la posible negociación con un tercero en diciembre, siendo que  la SSPD, es una entidad del Estado y todos sus actos deberían  ser públicos.

¿Qué dicen los gobernadores del Atlántico y Bolívar,  los señores de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el  Intergremial, y será posible que los parlamentarios costeños se pronuncien?

CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE ELECTRICARIBE EN MILLONES DE PESOS

AÑO   PÉRDIDA CON    PERDIDA ACUM   CAPITAL PAG      %

2015                                      741.056               $ 2.1 BIL           35.3

2016    192.845                     933.901                  2.1 BIL           44.5

2017    519.354                  1,453.255                   2.1 BIL          69.2*

2018     459.142                  1,912.397                  2.1 BIL          91.1*

2019     500.000                2,412.397                  2.1 BIL         114.9*

*En causal técnica de liquidación

En tres años de intervención la empresa ha perdido $1,5 billones, 58.3%, superior a lo que perdieron los españoles en 16 años. Además incrementaron las pérdidas de energía del 18% al 27%, lo que en pesos significa perder anualmente $231.000 millones, el recaudo pasó del 87% al 80%.
Presentan un flujo de caja negativo de $307.880 millones, un capital de trabajo negativo de $2,5 billones, un endeudamiento del 1.750%, un patrimonio de $122.033 millones. Le deben a abril del 2019 al Fondo Empresarial $804.726 millones, se tiene una deuda no pagada de $1,8 billones congelada por vía intervención, tiene unos ingresos anuales por energía de $4.6 billones, compra el 26% de la energía en bolsa a una tarifa promedio de $183,82 por kilovatio hora, el incremento en la demanda fue de 5.22%, tiene unos costos de prestación del servicio de $4.2 billones, siendo el de compra de energía de $3,6 billones y llama la atención el costo por honorarios por $43.450 millones, el 31,3% del costo de los servicios personales ¿A quién le pagan esos honorarios tan altos y cuáles son sus resultados?. ¿Será posible saberlo?

El pasivo pensional es de $1,2 billones, la cartera por cobrar es de $377.566 millones. De esa cartera llama la atención que el sector comercial adeuda $33.357 millones, de los cuales hay una deuda por $16.865 millones, con más de 72 meses de vencida; el sector industrial debe $7.213 millones, de los cuales $3.117 millones son superiores a 72 meses; el sector oficial debe $9.929 millones, presentando $6.783 millones mayor de 72 meses; y en los estratos 5 y 6, una deuda por cobrar de $3.385 millones, de los cuales $2.000 millones, tienen una duración de 72 meses o más. La cartera de los estratos 1, 2 y 3 es de $312.461 millones y la del estrato 4 es de $5.725 millones.

Los estratos 1, 2 y 3 representan el 85% de su mercado y solo atienden al sector industrial y comercial que consume menos de 0.25 MW. Esa estructura explica en gran parte el comportamiento de la cartera por edad.

De darse un aumento de tarifa, como lo autoriza el documento CREG-074 de 13-09-19 y la Resolución CREG No 109 del 13 de septiembre de 2019, se incrementará la cartera y las pérdidas negras en Electricaribe.

La fiebre no está en la sábana.

¿Tendremos nuevo operador en diciembre? ¿Usted qué opina?

Por: Jorge Vergara Carbó

Foto: revistaelcongreso.com