Inclusión, del discurso a la práctica

49

En los últimos meses, la palabra “inclusión” ha sido particularmente relevante en el debate y discurso político al público en el país, y en sus territorios, debido a las jornadas de campañas políticas por alcanzar los cargos de elección popular. Aunque muchos hemos hecho nuestra la lucha por la inclusión, promoviendo el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, en Colombia se reflexiona poco sobre lo que el concepto implica.

Es usual encontrar en el discurso político un maltrato de la palabra, que la vacía de su carácter transformador. Pareciera que usar los términos “políticamente correctos” asegurara de antemano los derechos que se reclaman, y a su vez, hablara de la buena voluntad de quienes deciden políticas para generar un cambio real en las vidas de las personas que exigen un trabajo digno y de calidad y una educación que no segregue, ni discrimine. Pero la incorporación del concepto no coincide con lo logrado en estas materias.

Puedo mencionar datos del departamento del Atlántico, tierra que me vio nacer y desde la cual incansablemente elevo la voz, intentando incidir social y políticamente a favor de la inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores familiares, en materia de educación.

En 2018, el 30,12% de las personas en condición de discapacidad (PcD) no tenían ningún nivel de escolaridad, seguido por el 34,13% cuyo nivel máximo alcanzado era la básica primaria y el 20,9% era la básica secundaria. En el nivel de educación superior, para el 2018, el 2,97% de PcD llegaba a un nivel técnico o tecnológico, el 1,68% a la educación universitaria profesional, y sólo el 0,16% a algún posgrado (Fuente: SISPRO).

Estas son cifras alarmantes en cuanto a garantías de un derecho fundamental como es la educación, base para el desarrollo social de una población, y estas cifras por supuesto arrojan datos preocupantes en materia de inclusión laboral de las PcD como las siguientes: de acuerdo al observatorio regional del mercado del trabajo (ORMET) para su informe del 3 de diciembre del 2018, el porcentaje de inclusión laboral de las PcD no supera el 1% de esta población teniendo en cuenta que en el Atlántico hay 44.050 personas con discapacidad (fuente SISPRO).

Ahora bien, estamos ad portas del Decreto 2011 del 2017 el cual reglamenta el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en cargos públicos, para lo cual deben todas las entidades públicas y de todas las ramas del poder, a corte de 31 de diciembre del 2019 en sus instancias nacional, departamental, municipal y distrital, en sus entes centrales y descentralizados, cumplir con el porcentaje de acuerdo a su planta de empleados, tarea que al parecer no se ha cumplido con eficiencia, pues el pasado 19 de noviembre del 2019, delegados de la función pública, en las instalaciones de Cajacopi, en el marco de la socialización y balance de cumplimiento de este Decreto, actividad que fue convocada por la alcaldía de barranquilla con una decepcionante asistencia por parte de funcionarios que deben dar cumplimiento a esta norma, y como muestra del desconocimiento de su aplicación, encontramos en los datos socializados de manera preliminar por el delegado algunos como: Gobernación del Atlántico: 4 PcD vinculadas; Alcaldía de Barranquilla, 6 PcD vinculadas, y en municipios como soledad, Sabanagrande, Baranoa, Malambo, entre otros, solo 1 o 2 PcD vinculadas y en algunos municipios, ni una.

Para una inclusión real y efectiva, se requiere una gestión diferente en términos de lo humano y lo transversal partiendo de la planeación siguiendo por la proyección, apoyado cada proceso en campos o líneas de acción como las nuevas tecnologías, emprendimiento y enfoque diferencial.

Es necesario posibilitar un espacio social donde todos y todas puedan participar abiertamente y donde se generen procesos constantes de innovación que permitan incluir.

Sin embargo, estos cambios solo pueden ser posibles si se promueve una concepción distinta de las personas en condición de discapacidad, donde prime el respeto y el reconocimiento de los derechos que han sido vulnerados desde su propia invisibilización.

Ante esta realidad, urgen que sean tomadas decisiones en el departamento del Atlántico que aseguren acciones efectivas que permitan pasar del discurso a la práctica, pues ya es evidente que existe una deuda histórica con relación a la inclusión social de la población con discapacidad y del cuidador familiar; gente que también es la clave y por supuesto deben ir a bordo del tren del progreso. El reto es incluir, y la nuevas tecnologías nos permiten brindar accesibilidad para todos, pero serán necesarios cambios como lo define Cecilia Arango en su columna ‘Cambios Innovadores’ en El Heraldo: “El cambio es una dinámica y no podemos negarnos a actualizar los procesos y sobre todo actualizarnos en los conocimientos necesarios para incluir las nuevas tecnologías a nuestra dinámica personal, social, empresarial y sobre todo en las políticas públicas del estado.”

Quiero recordar una vez más que, hoy en día, incluir a las personas con discapacidad no se trata de un tema meramente de salud o asistencialista, se trata de brindar garantías como sujetos de derecho más allá de hacer política incorporando al discurso la palabra “inclusión”.

Eduard Andrés González Bautista

Fundacioninclusionenaccion@gmail.com

Imagen: decibeles.com.co