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¿Por qué Triple A sí pudo Salir adelante y Electricaribe no?

por R. Noticias Coopercom

Al comparar la gestión de estas dos empresas durante el año 2019, y años anteriores, se presenta una diferencia a favor de la Triple A ‘del cielo a la tierra’.

La Triple A en el 2019 se consolidó más desde el punto de vista técnico y financiero a pesar de los problemas que enfrenta por la negación de parte del sector financiero de suministrarle los recursos para poder realizar las inversiones que se necesitan en los municipios que presta el servicio, esto debido a la extinción de dominio de las acciones de la empresa por parte de la Fiscalía General de la República, entregadas para su manejo a la Sociedad de Activos Especiales que indudablemente, a pesar de las críticas que se le hicieron, acertó en la escogencia de su gerente, Guillermo Peña Bernal.

A pesar del bloqueo de los bancos, la empresa cumple con su plan de inversiones, prestando un buen servicio y generando utilidades, que para este año se estimaron en $75.000 millones, pero que en el balance a 31 de diciembre se verán disminuidas por el ajuste que solicita la Revisoría Fiscal para amortiguar las inversiones del municipio de Soledad ante el vencimiento de la concesión.

A  noviembre de 2019 las utilidades fueron de $69.701 millones, cifra superior a la del año anterior que fue del orden de los $50.000 millones. La empresa no presenta pérdidas acumuladas y su patrimonio neto es de $347.063 millones. Su recaudo es de $565.051 millones y tiene egresos de $306.841 millones, generando por lo tanto un flujo de caja positivo, con el cual la empresa trabaja para realizar las inversiones encaminadas a brindar cada día un mejor servicio.

En Electricaribe la situación administrativa, técnica y financiera que presenta es lamentable. Cada día el servicio se deteriora más producto de la falta de inversión y de mantenimiento de las redes y de las subestaciones. Es el mismo círculo vicioso, “si llueve se va la luz”, “si hay brisas se va la luz”,  “y si……también”, siendo esta situación más grave en el sur de la Región Caribe.

La empresa está “intervenida” desde el 14 de noviembre de 2016 por parte de la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios, para ello nombraron al señor Javier Lastra como gerente Interventor quién dura dos años en sus funciones, siendo reemplazado por la funcionaria de la SSPPDD “Ángela Patricia Rojas” quién sigue desempeñando el cargo desde noviembre 16 de 2018.

¿Quiénes responden por los resultados desastrosos en Electricaribe?

Los resultados de los dos gerentes que han pasado por esta empresa han sido desastrosos, no solo por las pérdidas en el ejercicio anual, sino por el deterioro de los índices de gestión en materia de recaudo y de pérdida de energía, tanto la técnica como las llamadas pérdidas “negras”.

Mientras a diciembre de 2018, tenía un capital de trabajo negativo de $2,5 billones, un índice de endeudamiento de 1.750%, arrojaba pérdidas de $459.142 millones, lo que le significa tener unas pérdidas acumuladas de $2,1 billones, la situación en el año 2019 fue peor,  ya que sus pérdidas según información entregada por el Ministro Carrasquilla a los medios de comunicación fue de $1.6 billones, lo que significa que las pérdidas acumuladas son del orden de $3.7 billones.

Es bueno aclarar que las pérdidas arrojadas por la empresa en los 18 años que la manejaron los privados, fueron del orden de los $800.000 millones. Esto significa que la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios le ha significado a la empresa en sus tres años, pérdidas financieras (contables) del orden de $2,9 billones. Lo triste de estos resultados es que el usuario termina pagando los platos rotos por el mal servicio y, por supuesto, un aumento en las tarifas como se ha venido dando.

Electricaribe es “un saco roto” lo que se invierta en ella se pierde. Todo esto por nombrar en ese cargo personas que carecen de conocimiento gerencial por la falta de experiencia y desconocen el sector.

¿La intervención por la SSPPDD buen negocio para Unión Fenosa?
Denunciamos desde un principio la decisión de intervenir a Electricaribe bajo el supuesto de que no tenía como pagar sus deudas y garantizar la prestación del servicio, por la sencilla razón que el Superintendente José Mendoza tenía que saber cuál era la situación de Electricaribe tanto financiera como técnica debido a que su despacho ejerce el control y vigilancia sobre este tipo de empresas.

El superintendente, ante la presión del Comité Intergremial del Atlántico, algunos gobernadores y parlamentarios, decide Intervenir la empresa el 14 de noviembre de 2016 a sabiendas que la empresa venía arrojando pérdidas en sus Estados Financieros año a año, con un deterioro de su infraestructura producto de las inversiones que dejaron de realizar en 18 años, y que la misma SSPPDD se lo permitió sin tomar cartas en el asunto.

Unión Fenosa sabía que tarde o temprano tendrían que declararse en quiebra y devolverle la empresa al gobierno colombiano sin el pago de ninguna indemnización. Pero justamente eso era lo que no querían los señores del Comité Intergremial, gobernadores y parlamentarios, dejar que Unión Fenosa se declarara en quiebra para recuperar esos activos sin pago alguno, y por el hecho de haberla intervenido hoy estamos ad puertas de pagar US$1.626 millones de dólares, que es la demanda que enfrentamos por parte de los españoles en el Tribunal de Arbitramento del Banco Mundial CIADI cuyo fallo está por salir en poco tiempo.

Los argumentos de Unión Fenosa para impetrar la demanda se basaron en que la empresa fue expropiada irrespetando el acuerdo entre el gobierno español y el colombiano de proteger la inversión. Otro argumento y de más peso que el anterior, es que demostraron que ellos tenían razón cuando afirmaban que el negocio no era rentable, por los diversos problemas que enfrentaba entre ellos las altas pérdidas de energía que las dejaron en el 18%, la mora en el pago de la cartera oficial y un bajo recaudo en los estratos 1 y 2, que llevó a la empresa a unas pérdidas acumuladas cercanas a los $800.000 millones. Esa fue la situación de Electricaribe al momento de intervenirla la SSPPDD. Para sustentar sus argumentos se basaron en los resultados desastrosos de los dos interventores que ha tenido hasta la fecha, que en tres años de gestión llevaron a la empresa a la quiebra total, hasta el punto de perder más del 100%, de su patrimonio, lo que la ubica en una de las causales de disolución que contempla nuestros códigos.

Las pérdidas acumuladas a diciembre de 2019, fueron de $3,7 billones, las pérdidas de energía cercanas al 27%, la cartera cada vez más alta ante los bajos niveles de recaudo. Resultados que avalan las tesis planteadas por Unión Fenosa de ser Electricaribe un negocio no rentable. Es decir, los españoles basan su defensa en los resultados negativos de la SSPPDD al frente de la empresa. Resultados fáciles de demostrar y difícil de controvertir en la CIADI por  los abogados colombianos.

Ante estos hechos, ¿qué hacen la Procuraduría y la Fiscalía?

¿Quién responde por este nivel de deterioro en que se encuentra Electricaribe por una mala administración? ¿Responderá la Ministra de Minas y Energía o el Director de la Superintendencia de Servicios, o los gremios de Barranquilla, gobernadores y Senadores y Representantes que tienen la mano metida? ¿Podremos conocer los contratos con el señor Chapman, con su oficina de abogados o los contratos de la empresa? ¿Qué papel hace su junta directiva de la cual no conocemos nada, ni sabemos nada pero manejan secretamente los recursos que el gobierno le ha entregado a Electricribe en calidad de préstamo?

LA DIFERENCIA EN LOS ESTILOS DE GERENCIA. NUESTRA PROPUESTA PARA ELECTRICARIBE

La diferencia en los dos estilos de gerencia, el de la Triple A y el de Electricaribe se debe fundamentalmente a que la SAE actuó con responsabilidad en el caso de la Triple A, escogió a su gerente mediante la selección de los aspirantes por una empresa ‘cazatalentos’, mientras la Súper nombró a funcionarios de esa entidad, amigos del director de turno.

Mientras el gerente de la Triple A, es una persona con experiencia en gerencia de empresas, el de Electricaribe es un burócrata sin experiencia en gerencia de empresas y con antecedentes de corrupción en la liquidación de Telecom y haber sido expulsado del Concejo de Bogotá, a su vez reemplazado por una funcionaria de mando medio en la SSPPDD, sin experiencia alguna conocida en gestión de empresas y por supuesto sin conocimiento técnico del sector.

LA PROPUESTA

Parar finalizar vuelvo a insistir que el Presidente Duque con su Ministra de Minas y Energía, siguen demorando el cambio en el manejo que se le debe dar a Electricaribe. Debe constituirse una empresa pública integrada por las empresas que prestan ese servicio en la Región Caribe fusionando a Gecelca, Urra y Transelca con Electricaribe. De esta forma estaríamos integrados verticalmente como EPM o Energía de Bogotá o como funcionábamos cuando existía Corelca. Tendríamos generación térmica e hídrica, trasmisión regional, comercialización y distribución. Llevamos tres años y no se toma esa decisión, que también la ha propuesto el senador Jorge Robledo, hoy aspirante a la Presidencia de la República.

Las declaraciones recientes del ministro Alberto Carrasquilla en la ciudad de Barranquilla, deja entrever que es posible que en la próxima subasta no se presente ningún oferente para los dos mercados o solo se presente uno para un segmento del mercado. Si eso sucede, el Gobierno Nacional seguirá garantizando la prestación del servicio, bien con la intervención actual o contratando un operador privado o público que se gane un porcentaje por administrar la empresa., A nuestro juicio ese operador tiene nombre propio, EPM, empresa que participa en la subasta pero que no tiene recursos para realizar las inversiones que se necesitan con urgencia, por los problemas de Hidroituango, así como el mal servicio que presta en el municipio de Malambo desde hace años como operador del saneamiento básico.

En la subasta de febrero no se presentará ninguna oferta

Me reafirmo en lo que he venido sosteniendo desde hace años, que en la subasta de febrero, escuchen bien: NO se presentara ninguna oferta, así el Gobierno Nacional le regale el pago del pasivo pensional y las inversiones que se han hecho en estos tres años con recursos del Presupuesto Nacional y del Fondo Empresarial que maneja la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

¿Qué empresario se atreve a invertir en una empresa que viene arrojando perdidas contables superiores al billón de pesos anuales, que tiene perdido todo su patrimonio, que sus activos son obsoletos, que tiene unas pérdidas de energía del 27%, un nivel de recaudo por debajo del 85%, una cartera irrecuperable y unas interrupciones del servicio que supera grandemente a las otras empresas del país?

Ustedes estimados lectores, ¿qué opinan?

Por último, debemos rechazar las amenazas en contra del doctor Guillermo Peña Bernal y los directivos del Sindicato. Esas son producto del orden y el control que se viene ejerciendo en esta administración en la contratación y el trabajo en equipo sin condiciones con el sindicato para sacar adelante la empresa.
El peligro que se cierne sobre la Triple A, no ha terminado, sigue latente, los españoles presionan por todas partes, se están valiendo de todo el mundo para entorpecer el manejo del actual gerente y ver como recuperan nuevamente su empresa. Por eso debemos rodear a la administración y al Sindicato, para que sientan que tienen el respaldo de los usuarios y por supuesto de las autoridades territoriales donde prestan el servicio.

Nos preocupa la demora en los dos procesos que se siguen sobre Triple A. Uno el que lleva la Fiscalía por la extinción de dominio de las acciones, y el otro por el desfalco al interior de la empresa donde hasta ahora hay una persona detenida, el señor Ramón Navarro. Ambos juicios están demorados y el resultado de esos juicios no sabemos en qué pueden terminar con lo lenta que es nuestra justicia que atraviesa por un mal momento por actos de corrupción.

El deber de los Barranquilleros y atlanticenses es rodear a la actual administración de Triple A, como a su junta directiva y pedirles a las autoridades que aceleren la investigación para determinar de dónde proceden y quiénes son los responsables de esas amenazas. Igualmente debemos pedirle a la Fiscalía y la Procuraduría que se pronuncien lo más rápido posible sobre las anomalías que se presentaron en Triple A, y soliciten acelerar los juicios respectivos para que se defina todo, y la empresa pueda trabajar con mayor solidez.

Lo que significa seleccionar  a un ejecutivo por meritocracia y al otro por compadrazgo. Los resultados dicen claramente quién acertó y quién se equivocó.

Es hora, de que los caribeños nos paremos en firme para exigirle al Gobierno Nacional la fusión de Gecelca, Urrá, Transelca y Electricaribe para garantizar en el mediano plazo un servicio eficiente a un bajo costo.

Por: Jorge Vergara Carbó

Imagen: silogismos.com

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