Corte Constitucional ‘tumbó’ la ley de financiamiento

Por vicios de forma, la Corte Constitucional decidió la noche de este miércoles por 6 votos contra 3, dejar sin piso la Ley 1943 por considerar que en su trámite en el Congreso se cometieron errores que la hicieron inconstitucional.

Sin embargo, la Corte consideró que los efectos de la citada ley cesarán a partir del 2020, es decir, se mantendrá durante el 2019 hasta el 31 de diciembre, lapso en el cual, el legislativo podrá presentar una nueva ley de financiamiento donde se resuelvan los errores de forma cometidos.

La nueva ley podrá mantener, cambiar o derogar artículos de la actual ley de financiamiento pero sus efectos se producirán a futuro, “y en ningún caso afectarán las decisiones jurídicas consolidadas de forma anterior a su notificación”, según la presidenta de la Corte, la magistrada Gloria Ortiz.

Por lo anterior, los impuestos que se han pagado bajo el amparo de la Ley 1943 no se verán afectados por el fallo.

La Corte también aclaró que si a 31 de diciembre de 2019 el Congreso no se crea una ley sustitutiva a la fallida ley de financiamiento, entrarían a regir las leyes y demás normas anteriores en materia de impuestos.

Para la trascendental decisión, la Corte aceptó los argumentos de la demanda presentada por Daniel Alberto Libreros y David Clemente Retamoso, quienes señalaron que cuando la Cámara votó a favor de la ley en diciembre del 2018, no conocía las modificaciones que el Senado le había hecho, violando así los principios de la publicidad, consecutividad y deliberación en la aprobación de leyes. Esta fue la base para que el magistrado Alejandro Linares propusiera tumbar la ley al considerar que sin un debido trámite en el legislativo, no pueden crearse impuestos.

Los magistrados que votaron a favor de la caída de la Ley 1943 fueron: Diana Fajardo, José Fernando Reyes Cuartas, Alejandro Linares, Cristina Pardo, Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos; mientras que en contra votaron Gloria Ortiz, Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había asegurado antes de entrar en acción la ley, que esta se creó, en parte, para cubrir el hueco presupuestal que había este año. De un faltante de 14 billones, la ley busca recaudar 7,1 billones en el 2019. Este presupuesto no tendría dificultades pues la Corte mantuvo la ley de financiamiento hasta el 31 de diciembre del 2019.

Fedesarrollo le planteó a la Corte que la caída de la ley implicaría una desaceleración del crecimiento del 0,8% y que, al igual que Minhacienda, se generaría una incertidumbre fiscal que tendría un efecto negativo en las inversiones.

Sin embargo, para Fedesarrollo también es claro que la ley disminuía el recaudo a partir del 2019, pues si bien este año los ingresos tributarios aumentarían en 0,5 puntos porcentuales frente al 2018, alcanzando el 14,3% del PIB, a partir del 2020 los ingresos caerían paulatinamente, llegando a ubicarse en el 13,1% del PIB en 2022.

El Consejo Gremial Nacional conceptuó que en los últimos 25 años Colombia ha tenido 15 reformas tributarias, por lo que cambiar la tributación una vez más, en menos de 11 meses, afectaría la inversión extranjera que creció en un 24,4% entre enero y junio de este año.

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Foto: eje21.com

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